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Aprobadas dos modificaciones de crédito haciendo uso del remanente de tesorería

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, en el pleno de este 31 de marzo se han aprobado por unanimidad dos modificaciones de crédito.

La primera (n.º 14/2023) supone destinar la cantidad de 80.677,92 euros para el asesoramiento jurídico de canteras, aportaciones al Consorcio de Residuos en materia de gastos de funcionamiento y tratamiento, para la recogida de RSU en la población, pedanías y transporte a Villena, así como en limpieza viaria.

El edil de Hacienda, Francisco José López ha explicado que esta modificación se debe sobre todo a la subida del IPC y alguna tasa nueva que no estaba prevista. Por su parte la edil de residuos, Silvia Verdú ha negado que la subida sea por la tasa de rechazo tal y como ha apuntado el edil del PP Iván Pablo Román, “La tasa de rechazo, todavía esta debatiéndose, no sabemos cuál el sistema de cobro, por lo que no lo tenemos presupuestado y cuando lo sepamos haremos una modificación de crédito”.

La segunda n.º 15/2023), supone destinar la cantidad de 5.007,53 euros a sufragar el servicio de grúa para la retirada de vehículos, el arrendamiento de vehículo ambulancia y gastos del comedor de la escuela infantil, todas ellas facturas de 2022.

En ambos casos Francisco José López asegura: “El remanente de tesorería está para gastos generales por lo que hay que emplearlo para servicios básicos de la ciudadanía”.

Los expedientes se expondrán al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

 

 

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